Santiago José Da Silva dice que son pocas las pertenencias que lo atan a Venezuela. Se lamenta y relata que la decisión ya está tomada....
se va a vivir a Europa en agosto próximo. Sus dos hijos ya vendieron sus propiedades en Baruta y él está a medio camino del proceso de negociación de su apartamento en la urbanización Los Naranjos, en El Hatillo.
"Llegué a este país con mi padre y mis hermanos. Agradezco a Venezuela todo el afecto que recibí pero me voy buscando seguridad", afirma afligido.
Relatos como el de Da Silva se han vuelto frecuentes en una ciudad que padece de la inseguridad, el desabastecimiento de productos y la falta de servicios públicos .
La movilización de ciudadanos dentro o fuera del país se ha visto reflejada en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Data que recientemente fue tomada en cuenta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para plantear ajustes en las circunscripciones electorales, basándose en lo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), que establece el uso de índices poblacionales.
Esta realidad tampoco pasa desapercibida para las alcaldías. Solo el primer trimestre de este año, la jurisdicción de El Hatillo ha emitido 2.650 solvencias de inmuebles, un requisito que otorga al contribuyente para certificar que no está en mora con el impuesto sobre Inmuebles Urbanos y que además permite vender y negociar viviendas. Durante todo 2014 el Servicio Autónomo de Administración Tributaria de la alcaldía de El Hatillo emitió 6.606 solvencias, lo que podría ser un indicador de la migración de familias.
En torno al fenómeno, la directora de Transporte y Vialidad de Baruta, Lismar Ramos, precisa que el año pasado su despacho otorgó 854 permisos de mudanzas para trasladar mobiliarios a otros municipios; aunque manifestó desconocer con exactitud los destinos de las familias que deciden vender sus propiedades.
Durante el primer trimestre del año, la dirección ha procesado 195 permisos, 13 más con respecto al mismo período de 2014. La cifra aportada se trata de un subregistro, pues no todos deciden formalizar el trámite ante este organismo.
En El Hatillo, los permisos otorgados para mudanzas rondan los 100 en lo que va de año, de acuerdo con información aportada por la Coordinación de Vialidad y Transporte.
Entre los problemas principales de la población, que pudieran justificar su éxodo, la "Encuesta Sobre Condiciones de Vida Venezuela 2014" realizada por las universidades Simón Bolívar, Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, revela que a 80% de la población no le alcanza el dinero para comprar comida.
El estudio divulgado esta semana asegura que 51% de los habitantes no tiene acceso a servicios locales de salud, lo que equivale a más de 15 millones 266 mil personas. Mientras 73% vive sin capacidad de ahorro, lo cual significa que el país hay más de 22 millones de venezolanos con dificultades presupuestarias.
Menos vecinos
Enrique Cárdenas, presidente de la Asociación de Residentes de las Urbanizaciones de Altamira y La Castellana, afirma que en los últimos tres años las cuentas inactivas de la asociación han crecido 13%, lo que, a su juicio, sugiere tres cosas: que los vecinos se han ido del país; que han perdido el interés por los asuntos vecinales o que tienen problemas económicos y no pueden pagar la cuota por la membresía. "De 1500 miembros que cancelaban ahora lo hacen 1300", precisa e indica que en un trimestre pueden emitir hasta 500 cartas de residencia, un documento indispensable para realizar trámites en embajadas o apostillar documentos en la Cancillería de la República.
José Antonio García, presidente de la Asociación de vecinos de Terrazas del Ávila, indicó que, desde 2013, 52 familias se han marchado de la urbanización a otros países, de las cuales 32 emigraron para España y 20 para Estados Unidos.
Relató que en los primeros cuatro meses de este año 11 jóvenes profesionales han emigrado en grupo a países latinoamericanos para asumir presuntas oportunidades de trabajo que permitan su desarrollo.
La conducta hostil de los nuevos habitantes, en muchos casos crea disgusto a los residentes, lo cual genera confrontación y conflictos vecinales. "Ello va en contra de las normas de convivencia de la urbanización", afirma. José Echezuría, líder vecinal de Santa Mónica, asegura que muchos propietarios han contraído grandes deudas en la residencias por dejar sus inmuebles abandonados. "Tenemos problemas para cuadrar las cuentas del edificio. De 24 familias que residen en el inmueble Canta Claro, cinco están en mora y tres se marcharon ", dice. Aunque no existe un registro oficial sobre la cantidad de venezolanos que han dejado el país, la fuga de talento humano, el vacío de contribuyentes y el cierre de empresas son algunas de las consecuencias desencadenadas por el fenómeno.
El subdirector de las Rentas Municipales de Chacao, Carlos Raúl González, sostuvo que el año pasado hubo una disminución de los impuestos aportados por las aerolíneas y las empresas concesionarias en el municipio, pues algunas de ellas se que se marcharon de la localidad.